Nuevamente, los legisladores mexicanos están observando los videojuegos, pues esta vez los senadores Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde Ecologista (PVEM) y Cristina Díaz Salazar del Revolucionario Institucional (PRI) propusieron una iniciativa para regular los videojuegos, argumentando que "muchos tienen contenidos violentos, que en ocasiones se combinan con situaciones de discriminación sexual y racial, tortura o xenofobia, violencia, entre otros".
Esta propuesta es diferente a la que realizó la diputada Aurora Cavazos Cavazos del PRI hace un par de semanas, pues en lugar de ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien tenga la responsabilidad de regular y supervisar el contenido de los videojuegos que se venden en México, sería la Secretaría de Gobernación la dependencia encargada de "expedir lineamientos que establezcan criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por cualquier medio; así como para vigilar su cumplimiento".
Esta medida obligaría a los distribuidores de videojuegos que impriman o adhieran en la portada de los videojuegos, y en su publicidad, la clasificación que corresponda, de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Segob, y que los vendedores se abstengan de publicitar, exhibir, vender o arrendar títulos cuya clasificación no sea visible de acuerdo a los lineamientos. Otro detalle importante es que los comerciantes deberán exigir una identificación para acreditar que el comprador es mayor de edad; de irrumpir con esta medida, los distribuidores serían sancionados.
Como sustento, Puente Salas mencionó que se debe cuidar la salud mental de los usuarios, y así evitar la apología del delito. Utilizó de sustento un estudio realizado por la Universidad de Missouri, que concluyó que “los efectos de los videojuegos violentos eran más dañinos que las películas y programas de televisión violentos, ya que los videojuegos son interactivos y requieren que el jugador se identifique con el agresor”. Sin embargo, durante los últimos años se han presentado una serie de estudios que contradicen las palabras del senador del PVEM, y el más reciente está relacionado con la investigación del doctor alemán Gregor Szcyik, quien concluye que no hay evidencia de que los videojuegos hagan más agresivos a los jugadores.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el contexto es clave importante del desarrollo de un individuo. Es decir, los niños y jóvenes que vivan en un ambiente con violencia pueden ser afectados más que aquellos que se desarrollan en un ambiente libre de agresiones, lo que, en consecuencia, impacta en la manera de percibir los contenidos, como películas y videojuegos.
La propuesta realizada por Aurora Cavazos busca que la IFT sea la encargada de regular la clasificación de los juegos, con el sustento que las clasificaciones realizadas por la ESRB no son iguales a las que reglamenta la Secretaría de Gobernación en otros contenidos. Con esto, los videojuegos deberán tener etiquetas de clasificación visibles y los que sean para mayores de edad se exhiban de manera diferente. En contra parte, la nueva iniciativa por parte de los senadores luce un tanto ambigua, pues no hay un claro referente de las tareas que tendría Segob al regular los contenidos de los juegos, pues se limita a ver los títulos violentos como un problema de salud mental.
De momento, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, así que deberemos esperar para conocer los resultados que tendrán. En lo que esperamos más detalles, no olvides darnos tus comentarios al respecto.
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